La idea de elegir personas a corporaciones públicas –servidores públicos- es que el ciudadano tenga la garantía de que sus impuestos se revierten en mejores condiciones de vida, en su entorno más próximo, hasta el ámbito local y regional. En otras palabras, que dado que el pago de impuestos garantiza el salario de los funcionarios públicos, la gasolina de los carros que se les destinan, los escoltas y hasta su manutención en ocasiones especiales, mediante los llamados gastos de representación, en consecuencia realicen una labor inteligente y eficaz a favor de la sociedad y que sea palpable en el transcurrir de la vida cotidiana de las personas.

Sin embargo, la realidad nos muestra otra cosa: funcionarios públicos que carecen de amabilidad con el ciudadano y por el contrario lo agraden al tratarlo con desdén y desaire; calles sucias, sin mobiliario urbano adecuado para mantenerla limpia (sin canecas de basura ni baños públicos); calles, parques y sitios inseguros, donde esta vetado pasar en algunas horas del día y de la noche y donde el riesgo corre por cuenta del ciudadano (aún cuando existe un CAI en las esquinas de esos barrios o parques); congestión y desorden vial con carros y buses que paran donde quieren y pasajeros que suben y bajan arriesgando sus vidas; calles atestadas de vendedores ambulantes donde se camuflan rateros, jíbaros y prostitutas; parques abandonados, convertidos en baños públicos y sitios para el mercadeo sexual; carros que contaminan más allá de lo permitido, excremento de perros por doquier, motos que van y vienen sin ningún tipo de control; en síntesis: caos, desorden y anarquía, y en medio de este crudo panorama ¿Qué están haciendo los servidores públicos?

No es justo que para que una persona o comunidad pueda satisfacer una necesidad o solucionar algún problema que le afecta de manera dramática su calidad de vida, tenga que suplicar y rogar para ser atendida o tenida en cuenta o si no la responsabilidad por las consecuencias que pueda tener son suyas, por no haber hecho ‘la gestión’ ante la administración o por no tener una ‘palanca’.

No es justo que las pequeñas obras de los barrios y la inclusión en programas de bienestar de niños, madres comunitarias o ancianos, dependan de la ‘buena gestión’ de un concejal, secretario de despacho o asesor del alcalde o gobernador, como si su actuación fuese un favor personal, aunque se sabe que después pasará cuenta de cobro en tiempos electorales.

No es justo que sean las empresas privadas, las ong’s y algunos grupos de ciudadanos, quienes constantemente estén estudiando, investigando y proponiendo acciones para tener una ciudad más limpia, segura, culta y competitiva, mientras que quienes tienen El Poder –y la obligación- de decidir, deambulan por las calles de la indiferencia sin decidirse a ejecutar planes, programas y proyectos obedeciendo a un modelo de ciudad y de Desarrollo, donde el centro de su acción sea la persona, y mejor se dediquen a hacer obras de cemento pensando en su inmortalidad y malgastando los recursos de cultura ciudadana y desarrollo social en proyectos insignificantes y programas asistencialitas que no dejan ningún impacto positivo en la calidad de vida y solo generan más pobreza y dependencia.

Son muchas las voces desde la academia, la empresa privada y las organizaciones sociales y comunitarias que reclaman a los servidores públicos que atiendan los asuntos públicos y le sirvan al público, para que los ciudadanos puedan dedicarse a disfrutar la ciudad, caminado tranquilamente por los andenes, jugando y charlando en parques limpios y seguros, entreteniéndose con los artistas callejeros y sobre todo consolidando el espíritu de la convivencia pacifica.