Después de once años el cabo Moncayo sigue secuestrado en algún lugar de la selva, donde se ha consumido su juventud. Los años veinte de su vida que debieron ser sus ‘años locos’, como los de cualquier joven, son para este servidor de la Patria un amargo recuerdo de humillaciones, privaciones y esperanzas frustradas.

Es cierto que las FARC nunca debieron secuestrar al cabo Moncayo, pero en esa lógica las autodefensas nunca debieron asesinar a miles de colombianos y enterrarlos en fosas comunes; tampoco el Ejercito debió desaparecer jóvenes en las afueras de Bogotá y otras regiones del país para hacerlos pasar por guerrilleros para presentar ‘Positivos-falsos’ de la seguridad democrática; tampoco debería haber más de cuatro millones de personas desplazadas de su tierra -de manera forzosa- para ir a mendigar a las ciudades; tampoco algunos políticos debieron hacer alianzas con los paramilitares y narcotraficantes; tampoco deberían existir victimas de minas antipersonas porque la guerrilla y los narcotraficantes nunca debieron sembrarlas para proteger sus cultivos de coca; tampoco debieron venderse congresistas para dar su voto a favor de la reelección; tampoco debería haberse ‘chuzado’ los teléfonos de personajes de la clase política y de periodistas; y así por el estilo podaríamos enumerar un listado interminable de acciones que no deberían ocurrir en una sociedad democrática y en el marco del Estado Social de Derecho, pero que desafortunadamente ocurren porque el Estado es débil, la democracia inmadura y el país sub-desarrollado.

Otra parte del argumento, para no propiciar la liberación del cabo Moncayo es que no se puede permitir que esas liberaciones 'gota a gota' se utilicen como una estrategia de propaganda política del terrorismo. Pero el terrorismo no necesita que nadie le haga propaganda, ellos se promocionan por si solos sembrando el terror, poniendo bombas y secuestrando como han hecho con el concejal del municipio de Garzón en el Huila.

Es curioso que para la liberación de los políticos secuestrados no solo se permitió la mediación de la senadora Piedad Córdoba, sino que también se aceptó la ayuda de gobiernos extranjeros y en su momento del grupo de ‘Colombianos por la paz’. Pero ahora, que es un simple soldado, humilde, sin ningún poder militar porque esta en lo más bajo de la escala de mando, ni poder político, ni mucho menos económico porque hace parte de la gran masa de pobres de este país, de repente se considere que es parte de un show político que beneficia a los terroristas de las FARC. Y si así fuera, acaso después de siete años de seguridad democrática el Estado no es lo suficientemente fuerte para soportar un acto de esa calaña? ¿Acaso con las liberaciones anteriores se puso en riesgo la institucionalidad?

Ninguno de los espectáculos que se montaron en cada una de las liberaciones anteriores mejoró la percepción que los colombianos tenemos de la guerrilla, ni subió la popularidad de Piedad Córdoba; ni siquiera el éxito de la operación jaque – y su gran despliegue mediático- le dio popularidad suficiente al entonces ministro de defensa para ser hoy un candidato firme a la presidencia de la República. Entonces ¿por qué la resistencia a la liberación de un colombiano que cayó en manos de la guerrilla mientras le prestaba un servicio a la Patria?

Definitivamente, aunque el tiempo pasa y los discursos cambian parece que, como dice el libro de Alvaro Salóm Becerra, definitivamente “al pueblo nunca le toca”.